¿Qué hacer si te denunciaron por violencia de género?

Recibir una denuncia por violencia de género pone en marcha un proceso que puede producir efectos inmediatos sobre la vida cotidiana: exclusión del hogar, restricción de contacto con hijos, prohibición de acercarse a determinados lugares. Todo eso puede ocurrir en pocas horas, sin que la persona denunciada haya tenido oportunidad de ser escuchada. Entender cómo funciona este sistema y qué hacer desde el primer momento es fundamental para ejercer el derecho a la defensa.

Una denuncia no es una condena

El principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, protege a toda persona acusada de un delito: es inocente hasta que una sentencia firme demuestre lo contrario. Una denuncia abre un proceso; no lo concluye.

Sin embargo, las características particulares del proceso en causas de violencia de género hacen que las consecuencias prácticas puedan comenzar mucho antes de cualquier sentencia. Comprender esa distinción —entre una medida cautelar y una pena, entre una investigación y una condena— es el punto de partida para actuar correctamente.

¿Cómo funciona la denuncia y la evaluación de riesgo?

Cuando alguien denuncia violencia de género, los organismos receptores —la OVD, la fiscalía, o las comisarías especializadas— realizan una evaluación de riesgo que analiza la situación descripta por la denunciante. Esa evaluación no es un juicio: no escucha al denunciado, no valora su versión de los hechos. Su función es estimar si existe una situación de riesgo que requiera protección urgente.

El nivel de riesgo que se asigne influye directamente en la rapidez y el alcance de las medidas que el juez puede ordenar. Esto explica por qué las medidas pueden llegar antes de que la persona denunciada haya tenido cualquier contacto con la justicia.

¿Qué medidas pueden ordenarse y con qué rapidez?

Las medidas cautelares en causas de violencia de género están diseñadas para funcionar con urgencia. Las más frecuentes son:

Exclusión del hogar: puede ordenarse que el denunciado abandone el domicilio que comparte con la denunciante, incluso si es propietario o cotitular del inmueble. Esta medida puede dictarse en horas de recibida la denuncia.

Prohibición de acercamiento: se establece una distancia mínima que el denunciado debe mantener respecto de la denunciante, su domicilio, su lugar de trabajo y los establecimientos educativos de los hijos en común.

Prohibición de contacto: se prohíbe toda comunicación, ya sea personal, telefónica o digital.

Restricciones adicionales: según la situación, pueden ordenarse otras medidas como la restricción de la tenencia de armas o limitaciones al contacto con los hijos comunes.

Violar cualquiera de estas medidas puede constituir el delito de desobediencia, previsto en el artículo 239 del Código Penal, y agravar significativamente la situación procesal con independencia de lo que se investigue en la causa original. Este es uno de los errores más costosos y frecuentes.

La causa de protección y la causa penal: dos procesos distintos

En estas situaciones pueden coexistir dos tipos de causas con lógicas, tiempos y efectos distintos.

La causa de protección, que tramita ante juzgados civiles o de familia según la jurisdicción, es donde se dirimen las medidas cautelares: la exclusión del hogar, las restricciones de acercamiento, el régimen de contacto con los hijos. Estas medidas son revisables pero tienen efecto inmediato.

La causa penal investiga si los hechos denunciados configuran un delito. Tramita ante la fiscalía y los juzgados penales correspondientes. El resultado de una causa no determina automáticamente el resultado de la otra, pero lo que ocurra en una puede influir sobre la otra.

Actuar sin considerar ese panorama completo puede llevar a tomar decisiones en un proceso que perjudican la posición en el otro.

¿Qué delitos pueden imputarse penalmente?

Dependiendo de los hechos denunciados, la fiscalía puede imputar distintas figuras del Código Penal. Las más frecuentes en causas de violencia de género son: lesiones leves, graves o gravísimas (artículos 89 a 92 CP), amenazas simples o coactivas (artículo 149 bis CP), y privación ilegítima de la libertad. En los casos más graves puede imputarse femicidio o tentativa de femicidio, figura incorporada en el artículo 80, inciso 11, del Código Penal, que prevé reclusión o prisión perpetua.

La perspectiva de género que aplican los tribunales en estas causas incide sobre la valoración de la prueba y la calificación de los hechos. Esto refuerza la necesidad de una defensa técnica que comprenda las particularidades de este tipo de proceso.

Qué no hacer bajo ninguna circunstancia

Algunos errores cometidos en los primeros días tienen consecuencias graves y difícilmente reversibles:

No tome contacto con la denunciante. Ni para aclarar lo ocurrido, ni para intentar llegar a un acuerdo privado. Cualquier comunicación puede interpretarse como violación de la prohibición de contacto y generar consecuencias penales propias.

No recurra a intermediarios. El contacto a través de familiares, amigos o conocidos tiene el mismo efecto que el contacto directo a los efectos del incumplimiento de medidas judiciales.

No regrese al domicilio del que fue excluido. Aunque considere que la medida es injusta o desproporcionada, ingresar al domicilio del que fue excluido es desobediencia a una orden judicial.

No publique sobre el tema en redes sociales. Lo que escriba puede ser incorporado al expediente.

No declare sin asesoramiento previo. Si es convocado a declarar, consulte con un abogado penalista antes. El derecho a guardar silencio está garantizado constitucionalmente y ejercerlo no puede interpretarse como prueba de culpabilidad. Además, en prácticamente toda circunstancia es obligatoria la asistencia letrada.

¿Se puede cuestionar una medida cautelar desproporcionada?

Sí. Las medidas no son inapelables. La defensa puede solicitar su revisión o levantamiento cuando son desproporcionadas respecto de los hechos denunciados, cuando no están debidamente fundadas, o cuando las circunstancias que las motivaron han cambiado.

Esta posibilidad existe precisamente porque las medidas se ordenan sin escuchar al denunciado. El sistema prevé un mecanismo de revisión posterior para que la persona afectada pueda ejercer su derecho de defensa. Pero para activarlo en tiempo y forma es necesario contar con representación jurídica.

Por qué la defensa desde el primer momento es determinante

Las decisiones de los primeros días condicionan el resto del proceso. Qué hacer ante las medidas dictadas, cómo preparar la posición para cuando sea convocado a declarar, cómo actuar en los dos procesos —protección y penal— sin perjudicar ninguno: todo eso requiere asesoramiento especializado desde el inicio, no una vez que el proceso ya avanzó.

Si fue notificado de una denuncia por violencia de género o ya tiene medidas cautelares dictadas en su contra, puede consultar de forma confidencial y sin compromiso. Las primeras horas son las que más importan.